Pasó a la propuesta constitucional con el 55% de los votos, en contra de la segunda intención de Chile de cambiar la Carta Magna. El presidente Gabriel Boric dijo que conocía los resultados de Domingo la noche en que el resultado no suponía «ninguna celebración ni arrogancia». “Pónganse en la palabra, humildad y trabajo”, repliqué desde el Palacio de La Moneda. Sí, y precisamente en medio del apuro constitucional que prevalece tras cuatro años de debate político en torno a la ley de leyes, hay consenso en que la ciudad quiere que el Ejecutivo se dedique a solucionar los problemas más urgentes y cotidianos. La administración de investigación, que tiene poco más de dos años para intentar resolver algunas de sus principales reformas, debe responder a al menos cinco crisis importantes.
Un nuevo crimen, más violento y desconocido
Chile vive una profunda crisis de seguridad ante la irrupción de un nuevo crimen más violento, con un aumento del uso de armas de fuego en los asesinatos y el avance del crimen organizado. También sufrieron episodios posteriores que, entre 2016 y 2020, variaron hace seis años en la Región Metropolitana de Santiago, pero al paso de noviembre llegaron a 45 solo este año. Las autoridades asociaron la nueva criminalidad de las bandas nacionales, más armadas, como las extraterrestres, cuyos integrantes ingresaron al país por pasos no autorizados, como el Tren de Aragua. La inseguridad es la principal preocupación de los chilenos. El miedo fue víctima de un delito vinculado al 30%, el máximo histórico desde 2000, según información de la Fundación Paz Ciudadana, mientras que la percepción de inseguridad había alcanzado el 90,6%, la más alta en 10 años, arrojó la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana. La Administración de Boric impulsó una ley contra el crimen organizado y, ante la emergencia, el Ministerio Público intentó crear una unidad especial, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidio (ECOH).
Un terremoto educativo agravado por la pandemia
Los resultados del Simce -la prueba de evaluación de aprendizajes- en una década, el ausentismo y la deserción escolar (más de 50.000 alumnos abandonan el sistema educativo entre 2021 y 2022) y los problemas de infraestructura, entre otros, han supuesto un terremoto educativo en Chile. y el acoso escolar aumentó un 40% entre 2020 y 2022, hasta 6.000 casos graves, según la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras. Uno de los mayores problemas son los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), la nueva institución que se está implementando para reemplazar a los municipios en la responsabilidad de impartir educación pública. Un grupo de docentes de las escuelas SLEP de Atacama realizó este año durante más de 90 días una protesta contra la infraestructura y la falta de ayuda en términos pedagógicos. Unos 30.000 alumnos de Arriesgaron perdieron el año por la tierra. Entre el escándalo, el Congreso definió en su ley de presupuestos 2024 que los municipios podrían ampliar su facultad de no materializarse la transición a la SLEP que corresponde al próximo año.
La posible tranquilidad de las aseguradoras de salud privadas en peligro en el sistema público
Algunas falacias de la Corte Suprema se sostienen contra las reglas del sistema de salud. El primero, en noviembre de 2022, obligó a las empresas -las compañías privadas de seguros de salud, que representan el 17% de la población- a entregar retroactivamente las prestaciones excesivas que habían realizado a sus afiliados y ajustar sus planes de valor. El segundo concurso de acreedores, el 10 de agosto de 2023, decidió que las aseguradoras podrían obtener un precio máximo del paquete de garantías explicativas en salud (GES), un conjunto de beneficios que deben ser demostrados por sus afiliados. Las isapres advirtieron que la ejecución de estas sentencias podría conducir a la quiebra. En lo inmediato, las consecuencias del fallo del GES que tuvo que realizar son lo más preocupante para las aseguradoras. Según sus cálculos, a partir del próximo año sus ingredientes costarán un 13% mensual, con lo que, alertados, no podrán cubrir los gastos de sus afiliados. Cualquier tranquilidad de las empresas de seguridad privada repercutirá en todo el sistema. Sus afiliados se han visto obligados a migrar a Fonasa, la aseguradora pública, que no tiene capacidad para atraer la búsqueda de tres millones de beneficiarios de isapres.
Una economía que permaneció estancada hace diez años
La economía chilena lleva 10 años estancada. Entre 2014 y 2023 Chile registró un avance del 1,9% en el año, parte del avance del 4,8% se registró entre 2004 y 2014. El panorama futuro no augura nada bueno. Según las proyecciones del Ministerio de Hacienda, el país registrará este año un año de crecimiento y en 2024 se espera que llegue al 2,5%. Otras estimaciones, como las del Fondo Monetario Internacional (FMI), proyectan que es más probable que sea del 2%. Informa el mandato de crecimiento y muestra las cifras correspondientes si se ha convertido en un imperativo, pero hay variables que he intentado contrarrestar con este anillo. La falta de reconocimiento para avanzar en la reforma previsional y el pacto fiscal que incluya un ajuste tributario genera incertidumbre en la empresa, al punto que implica excesiva burocracia para obtener permisos para explotar obras de infraestructura. Recuperar la productividad y promover una mayor competencia también forma parte de la economía. El gobierno de Boric, que no tiene la agenda de crecimiento en el centro de sus prioridades, hoy está esperando el día. Hizo el anuncio esta semana de un gabinete de crecimiento económico, integrado por sus ministros sectoriales vinculados al área para dar una señal al mercado y generar políticas que apunten a la actividad.
Dos mil personas sin vivir dignamente
En Chile (19 millones de habitantes), aproximadamente 650.000 familias no tienen una vida digna, lo que afecta a más de dos millones de personas. La profunda crisis inmobiliaria provoca que cada día unas 150 personas se instalen en hogares irregulares. Casos 114.000 hogares –un tercio de los trabajadores migrantes– viven en sitios con agua insuficiente y acceso informal a agua potable y electricidad, cuatro veces más que en 2011, según el centro escolar Chile Tech. El gobierno de Gabriel Boric apuntaba a la construcción de 260.000 viviendas en cuatro años de gestión, hasta 2026. A mediados de este año 65.000 viviendas estaban colocadas, unas 130.000 estaban en ejecución y 75.000 estaban listas para iniciar la construcción. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se encuentra en plena situación desde que se estableció el caso Convenios, una trama de transpasos de recursos públicos y fundaciones privadas vinculadas principalmente al oficialismo de Boric. La oposición de derecha ha pedido insistentemente salida de responsabilidades políticas, para que no se vean afectados por las irregularidades ocurridas, precisamente, en una división de su periódico en el norte del país.
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